"Pero, cuando llegó la policía lo arrestaron a él. Lo obligaron a tenderse en el suelo, un policía se hinco encima de él, lo esposaron y se lo llevaron", narró.

En este caso, que el grupo documentó, la policía se abstuvo de buscar a los potenciales delincuentes que dispararon en una zona habitacional y se concretaron a arrestar al denunciante.

Guzmán explicó que en varias ocasiones se repite un patrón en el que "un vecino viola sexualmente a su vecina indocumentada y la amenaza con deportarla si lo denuncia a la policía".

"Le dice que la policía la va a castigar a ella, no a él. Es una situación muy traumática para las víctimas", agregó.

En otro ejemplo, Guzmán recordó que una pareja de indocumentados que ahorró durante meses en una cuenta bancaria que abrió con matrículas consulares, al presentarse a cerrar el cajero les dijo que la ley en Arizona prohibía darles su dinero.

La pareja llamó a la oficina de servicios al cliente del banco y se les informó que los propietarios de la cuenta la habían cerrado hacía un momento. Sin comunicarse con la policía, la pareja informó a  la organización, que de inmediato asignó a un abogado.

"El abogado pudo convencer al gerente del banco que revisaran juntos lo que habían grabado las cámaras de vídeo a la hora del cierre de la cuenta bancaria y los dos vieron cómo el cajero que los atendió se metía el dinero a la bolsa", dijo la portavoz.

Guzmán dijo que 40 por ciento de las denuncias que recibe el grupo por teléfono y a través de su portal www.respect/respeto.org se refieren a abusos laborales.

Por lo general de personas a quienes luego de trabajar un tiempo los amenazan con deportarlos si informan a las autoridades, agregó.

"Esos casos los revisa la Comisión Industrial del estado de Arizona, sin importarle la condición migratoria de los denunciantes, porque la Constitución dice que quien ha trabajado merece un pago", comentó la portavoz.

En menor proporción la organización recibe denuncias de un fenómeno denominado legalmente en Estados Unidos como "perfil racial", en el que ciudadanos estadunidense y residentes legales son detenidos e interrogados, y en ocasiones sancionados, por su apariencia física.

Sin embargo "son los crecientes casos de trato inhumano en los que los delincuentes intentan permanecer impunes los que más nos preocupan porque se presentan en números crecientes", dijo Guzmán.